La Fiscalía de Barcelona ha presentado este viernes de manera oficial su denuncia respecto al “Barçagate”. La querella fue formalizada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y en la misma el organismo acusa a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), a los ex presidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, además de los directivos Albert Soler y Óscar Grau. El propio Barça también fue acusado como persona jurídica.
Los crímenes de los que son acusadas estas personas son en calidad de delito de corrupción continuada en los negocios, en su apartado de fraude deportivo. De igual manera, se les imputa a Rosell y Bartomeu los delitos de administración desleal y de falsedad en documento mercantil.
De acuerdo con la Fiscalía, el Barcelona alcanzó un acuerdo verbal “estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira. Dicho acuerdo consistiría en que Negreira “a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones”.
Negreira formaba parte del personal encargado de designar a los árbitros para cada partido dentro de las competiciones del fútbol español, así como gestionar la subida y bajada de categoría de los colegiados en función de su actuación, además de la designación de los cupos internacionales de FIFA y UEFA. Estas funciones se ven viciadas con un conflicto de intereses al momento de reconocer los pagos del Barcelona al ex vicepresidente del CTA.
A causa de estos pagos, el Barcelona fue denunciado como persona jurídica. El artículo 286.4 del Código Penal versa que se estaría cometiendo un delito de corrupción en los negocios: “Los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”, establece.
A pesar de la prescripción de los delitos anteriores al 2014, la denuncia de la Fiscalía dictamina que a partir de ese año Negreira percibía dinero del Barcelona a través de dos empresas: Entre los años 2014 y 2015 cobró 1,2 millones de euros por medio de Nilsat, mientras que entre 2016 y 2018 hizo lo propio mediante Dasnil por una cantidad de 1,6 millones de euros. Es por esto que los únicos dos presidentes acusados son Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, sin embargo, tanto como el ex presidente Joan Gaspart y el actual mandatario del club catalán, Joan Laporta, fueron citados en calidad de testigos.
De igual manera, la investigación de la Fiscalía concluyó que el Barcelona pagó a Negreira por medio de las empresas mencionados un total de 7,3 millones de euros entre los años 2001 y 2018 y que las facturas no corresponden a “ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real” aunque Negreira haya alegado en su declaración al organismo que se trataban de un “asesoramiento verbal”. La acusación establece que la razón por la que estos pagos cesaron en julio de 2018 fue el fin del periodo de Negreira como vicepresidente del CTA, que fue en el mes de mayo de ese año.