La Real Federación Española de fútbol (RFEF) se sumó a una larga lista de entidades que toman medidas legales contra el Barcelona por el ‘Caso Negreira’ por la presunta corrupción, administración fraudulenta y falsificación de documentación mercantil
La Fiscalía acusó formalmente al club catalán la semana pasada en relación a la investigación a los pagos de millones de euros a una compañía propiedad del otrora vicepresidente del comité técnico de árbitros.
Un juez admitió la acusación y fiscales especializados en actos de corrupción quedaron a cargo del caso.
El gobierno de España, la Liga, el Real Madrid y varios clubes se han pronunciado en contra del Barcelona. Todos se han personado en el proceso legal por los polémicos pagos que han sacudido los cimientos del fútbol español.
La RFEF informó el jueves que trasladó un informe a la UEFA para explicar lo que motivó la personación en el juzgado en contra del Barcelona. Añadió que colabora con las autoridades y que ha abierto una investigación interna sobre los hechos.
Además de abogar para que se llegue “hasta el final” para esclarecer lo ocurrido, la federación pidió “la serenidad necesaria y aconsejable que contribuya a rebajar el clima de crispación que se ha creado hacia el colectivo arbitral” en España.
“Esto no es nada beneficioso para el fútbol. La aplicación de la justicia requiere de unos tiempos y de probar aquellos hechos que puedan considerarse ilícitos”, añadió.
Los pagos del Barcelona fueron destapados el mes pasado. El club niega haber perpetrado un delito o haber tenido un conflicto de interés, alegando que pagó para recibir reportes técnicos sobre los árbitros, pero que nunca intentó influir en sus decisiones en los partidos.
El presidente del Barcelona Joan Laporta dijo que el club era la “víctima de una campaña contra su honorabilidad”.
En documentos presentados ante la corte y observados por The Associated Press, los fiscales señalan que los pagos por parte del club llegaron en realidad a 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) de 2001 a 2018. Añadieron que “ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la asamblea general por lo que carecía de título que lo justificara”, según los documentos.
Aún no se encontrado evidencia de que se influyó en la actuación de los árbitros o en los resultados.
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