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El exfutbolista brasileño, Robinho, se encuentra en el centro de la polémica tras ser condenado en 2022 por la justicia italiana a cumplir una pena de nueve años de cárcel por su participación en una violación colectiva ocurrida en 2013 en una discoteca de Milán. Ante esta situación, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que la condena sea cumplida en su país natal.
A pesar de que la sentencia es firme, la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos, lo que ha llevado a las autoridades italianas a solicitar la homologación de la sentencia para que pueda ser ejecutada en Brasil.
No puede abandonar Brasil
La fiscalía brasileña, en un comunicado, ha destacado que la negativa a obligar a Robinho a cumplir la condena podría resultar en la impunidad de un crimen reconocido de forma internacional. Robinho, quien se mudó a su tierra natal para evitar una posible extradición, se encuentra actualmente en Brasil sin pasaporte y sin permiso de abandonar el país.
El MPF también ha rebatido los argumentos de la defensa de Robinho, que cuestionaba la legalidad de ciertos procesos utilizados para recabar pruebas en su contra. Además del exjugador, su amigo Ricardo Falco también fue condenado por su participación en el mismo delito.
La preocupación de la Fiscalía brasileña radica en evitar la impunidad y garantizar que el crimen cometido sea castigado conforme a la ley. En este contexto, la solicitud de que la condena se cumpla en Brasil busca enviar un mensaje claro sobre el compromiso del país con la justicia y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen.